El Congreso de los Diputados acordó el 26 de abril con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios (258 votos a favor y ninguna en contra) la convalidación del Real Decreto-Ley 3/2007, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante la última semana del mes de marzo y la primera del mes de abril.
El encargado de presentar a la Cámara el contenido del decreto fue el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien aseguró que el Gobierno ha tratado de «responder de modo inmediato y eficaz» a los desbordamientos. Además, apuntó que no se trata de un «decreto excepcional» puesto que se ha aplicado en «otros casos», si bien puntualizó que sí es «excepcional por tratar un hecho que también lo es», al tiempo que resaltó que sus medidas afectan a Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña.
Las medidas recogidas se aplicarán a la reparación de daños y afectan a infraestructuras locales, ayudas para daños en producciones agrícolas, beneficios fiscales, medidas laborales y de seguridad social, ayudas de emergencia y una línea de crédito preferencial. Las ayudas de emergencia son ayudas personales por los daños en la vivienda habitual y enseres de primera necesidad, así como subvenciones a las corporaciones locales por los gastos de emergencia realizados en el ámbito de sus competencias.
Así, se declaran de emergencia las obras que deba ejecutar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para reparar los daños causados en infraestructuras públicas titularidad de las comunidades de regantes, comprendidas en su ámbito de competencia y se financian hasta un máximo del 50% de su coste las obras de reparación o restitución de todo tipo de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal, y de la red viaria de las diputaciones provinciales. Dichas obras se tramitarán por el procedimiento de emergencia.
También se indemnizarán los daños en producciones agrícolas y ganaderas cuando afecten a producciones aseguradas en las que el riesgo catastrófico no esté cubierto por la póliza de seguros, a producciones que no son susceptibles de aseguramiento y a producciones que fueron aseguradas el año anterior, sin que en el vigente se haya contratado el nuevo seguro.
Críticas al decreto
La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA, ha manifestado su rechazo al real decreto de ley de ayudas por las inundaciones, al considerar que se trata de un «calco» del aprobado por las riadas de 2003. El sindicato agrario señaló que este decreto excluye al 80% de las explotaciones que han sufrido daños, al supeditar la indemnización a la suscripción de seguros.
La organización ha solicitado asimismo una reunión con el consejero de Agricultura de Aragón, Gonzalo Arguilé, «para invitarle a hacer un frente común ante el Ministerio de Agricultura para rectificar los términos de este Real Decreto».
Por su parte, el Gobierno de Aragón aprobará mediante un decreto ley las primeras medidas para paliar los efectos de la última crecida del Ebro, según explicó el vicepresidente del Gobierno autónomo, José Angel Biel. Esta fórmula legal está prevista en el nuevo Estatuto de autonomía, que entró en vigor el 23 de abril.
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