El Plan de Depuración de Aguas Residuales de Aragón ha dado un nuevo y definitivo paso. Así, el 3 de octubre, los alcaldes de 171 municipios se reunieron en la sede del Gobierno de Aragón para proceder a la firma de los convenios que han de permitir hacer realidad la construcción de las depuradoras y colectores contemplados en dicho plan antes de finales del 2007.
A la firma asistieron el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, el vicepresidente, José Angel Biel, el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, y el consejero de Economía, Eduardo Bandrés, junto a 171 alcaldes entre los que se encontraban varios ediles de la Ribera Baja del Ebro.
Concretamente este ambicioso plan contempla la construcción de nuevas instalaciones de depuración en Escatrón, Gelsa, La Zaida, Pina de Ebro, Quinto, Sástago y también en El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro.
Todas las obras que incluye el plan supondrán una inversión en la comarca de más de 40 millones de euros, una cuantía que contempla la construcción de las depuradoras y colectores y su mantenimiento durante los próximos 20 años. Además, a esta cantidad hay que añadir el coste de construcción y mantenimiento de El Burgo y Fuentes que es de 3.189.720 euros y 2.270.044 euros, respectivamente.
Por ello, tal y como explicó el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, aunque la depuración de las aguas es una competencia municipal, el Gobierno de Aragón, consciente de que las arcas municipales no pueden hacer frente a estos costes, ha decidido financiar este plan y los ayuntamientos sólo deberán ceder los terrenos y hacer frente a los trámites administrativos derivados de las expropiaciones u ocupaciones.
Pero para poder costear los gastos de estas instalaciones la DGA ha creado el denominado «canon de saneamiento», ya que el coste global del plan supera los mil millones de euros. Se trata de un impuesto «solidario y ecológico» que se recauda ya a través del impuesto del agua.
Con este plan Aragón se avanzará en el cumplimiento de la directiva que marca que antes del 2015 los municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes deben depurar sus aguas. Aragón llegará antes a esta meta y lo hará en los municipios de más de 1.000 habitantes equivalentes, consiguiendo depurar el 90% de las aguas.
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